El exrector de la Universidad del Atlántico Rafael Castillo Pacheco dijo este martes que el acto administrativo del 2015 por el que la Procuraduría General lo destituyó e inhabilitó por diez años tuvo el visto bueno de talento humano y jurídica, y aseguró que en esta investigación, el Ministerio Público no le dio la oportunidad de escucharlo.

La sanción de primera instancia contra el exfuncionario está relacionada por la extralimitaciión en el uso de sus funciones tras abusar de su cargo al otorgar a un docente de la facultad de Ciencias Económicas (Wendell Archbold), una comisión de servicios remunerada en Argentina para asistir a clases del doctorado en Contabilidad en la Universidad Nacional del Rosario. 

“En ese momento, el profesor Wendell Archbold solicitó una comisión de servicios por 15 días, al Consejo de Facultad de Ciencias Económicas, que fue inicialmente aprobada. Según el Estatuto Docente de la universidad, el proceso debía seguir con la presentación ante el Consejo Académico y posteriormente ante el Consejo Superior. Sin embargo, según mis indagaciones recientes, este proceso no se completó de acuerdo con lo establecido”, asegura.

Según Castillo Pacheco, la tramitación dio un salto, y continuó en la Jefatura de Talento Humano (a cargo de Gonzalo Lizarazo) quien delegó la responsabilidad de proyectar el acto administrativo al funcionario Luis Villa, y finalmente llegó a la Oficina Jurídica bajo la dirección de Rubén Campo, antes de llegar a sus manos.

El acto administrativo –agrega- se emitió como una comisión de servicios remunerada con el visto bueno de estos funcionarios.

Sin embargo, para el exrector, “la nueva decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Vera Blanco, en medio de un conflicto con el profesor Wendell, planteó que este no cumplía con los requisitos necesarios para recibir una comisión remunerada, debido a su tiempo de vinculación insuficiente en la planta docente”.

Lo anterior, según Castillo, “llevó al Jefe de Control Interno Disciplinario, Moisés Avilés (nombrado por la rectora Rafaela Voz, gobierno del que fui opositor) a abrir una investigación disciplinaria, que concluyó con una absolución a favor del profesor Wendell, pero con calificaciones subjetivas de mi responsabilidad”.

Agrega que “el funcionario que recibió los recursos no fue señalado como responsable, mientras que se apuntó a quien autorizó el pago, como potencial comprometido”.

El exfuncionario resaltó además que el Ministerio Público no le dio la oportunidad de ser escuchado, ni de participar en la investigación de la universidad, ni en la indagación preliminar.

“Mi abogado ha señalado que durante el proceso, se han vulnerado garantías procesales, el principio de legítima defensa, los principios de contradicción y el debido proceso. Además, desvirtúa la existencia de dolo en mis acciones, ya que seguí un proceso con filtros y visados internos, que debería asegurado la legalidad de la comisión, lejos de toda premeditación”.

También recordó que todos los profesores de la Universidad del Atlántico deben conocer y cumplir con el Estatuto Docente, lo que implica, que no deben solicitar ni recibir beneficios que no están contemplados en la ley.

“En caso de recibir una compensación que no se ajuste a las regulaciones, la respuesta debe ser la devolución de los fondos indebidamente recibidos. Esto es una norma legal y un imperativo ético, especialmente para quienes somos docentes y servidores públicos”, advierte.

En respuesta a la sanción, también dice que su actuación estuvo motivada por la búsqueda de la transparencia y la responsabilidad en la gestión universitaria.

“El objetivo principal, en calidad de rector, fue impulsar el Programa de Desarrollo Profesional Docente, en el que se reservaron $2.800.000.000 para la formación doctoral de profesores en las mejores universidades internacionales”.

Mi propósito –continua- es claro, en esta oportunidad: rendir cuentas y exhortar al profesor Wendell Archbold a hacer lo mismo, dado su papel como representante de los docentes en el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, escenario donde se toman decisiones cruciales sobre el gasto público universitario y la formulación de políticas de gobernanza.

“Este asunto no es trivial, ya que el docente Archbold desempeña un papel clave en la toma de decisiones en nuestra universidad y actuar con responsabilidad y transparencia, es un imperativo ético. Es esencial, que se aborde este asunto de manera adecuada, para mantener la integridad y el prestigio de nuestra institución”.

Finalmente, aclara además que los fondos desembolsados, en relación con la comisión de servicios en cuestión, no superan los 3.5 millones de pesos.